Los gobiernos ejercen violencia
contra las mujeres cuando con sus políticas fomentan la feminización de
la pobreza y las situaciones de extrema precariedad laboral, sufriendo
la sobreexplotación en condiciones infrahumanas y cada vez más
desprotegidas de los abusos empresariales.
Por un lado con la aplicación de las
políticas de recortes y el desmantelamiento del estado del bienestar se
ha destruido y precarizado empleo público. Un sector ocupado
mayoritariamente por mujeres.
Y por otro lado, las reformas laborales
del gobierno del PSOE primero y del PP después, han presionado
constantemente para que se rebajen los salarios y las condiciones de
trabajo, ocasionando que la desigualdad salarial entre mujeres y
hombres se vaya incrementando progresivamente.
Las mujeres, quienes somos el 53% de la
población activa, tenemos 1.529.000 empleos menos que los hombres.
Ocupamos el 73% de los contratos a tiempo parcial. Nuestro salario
supone el 77,5% del salario de los hombres y sigue aumentando la
diferencia. Somos el 68% de la población asalariada con ingresos
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Los sectores de actividad
donde ganamos menos y hay mayor brecha salarial, son generalmente
sectores feminizados y los convenios colectivos nos siguen
discriminando.
La situación de vulnerabilidad de las
mujeres se agrava y, en consecuencia, aumenta el acoso laboral e incluso
los índices de prostitución (tanto en mujeres migrantes como
autóctonas). La dependencia económica crece haciendo disminuir los
divorcios y las denuncias por violencia de género.
Desde la UJCE y el PCE, otro año más
queremos responder ante esta situación en las calles, llamando a romper
la paz social. No vamos a permitir la doble ni la triple explotación de
las mujeres, nos oponemos frente a la feminización de la pobreza.
Llamamos a la movilización por un trabajo digno para dignificar la vida
de las mujeres, con la aplicación de medidas que lo garanticen, la
creación de empleo público, de mayor calidad y menor temporalidad, donde
más se respetan los principios de igualdad salarial, aplicación de
convenios y mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Así como la aplicación de más recursos en materia de igualdad,
prevención y atención a la violencia de género.